El Gobierno prepara una segunda etapa de reformas legislativas para junio, con proyectos que quedaron fuera del último paquete enviado por el presidente, Javier Milei al Congreso. La definición política sobre el calendario y el orden de las iniciativas se discutirá la semana que viene, en medio de un contexto atravesado por tensiones internas dentro del oficialismo.
El lunes, Milei encabezará una reunión de Gabinete. Un día después, la mesa política de la Casa Rosada volverá a reunirse y retomará el diálogo luego de los cruces internos registrados en los últimos días.
La última remisión legislativa quedó reducida a cuatro el Super-RIGI, la regulación sobre gestión de intereses, la iniciativa sobre ludopatía y modificaciones vinculadas a alimentación saludable. Las dos primeras propuestas ingresaron por la Cámara de Diputados, mientras que las otras fueron giradas al Senado.
En esa instancia quedaron pendientes varias reformas que el Gobierno considera parte de una segunda tanda. Entre ellas aparecen cambios en defensa de la competencia, modificaciones societarias, el proyecto de juicio por jurados y un amplio esquema de desregulación económica. Sin embargo, el nivel de avance es algunas iniciativas están más desarrolladas, mientras otras siguen en etapa de elaboración.
Uno de los capítulos más delicados es la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia. La propuesta en estudio apunta a modificar criterios de intervención estatal frente a empresas con posición dominante. Según el esquema que se analiza, la autoridad de aplicación dejaría de intervenir únicamente por considerar elevados determinados precios y se concentraría en detectar conductas orientadas a excluir competidores o impedir el ingreso de nuevos actores al mercado.
Además, el proyecto contempla elevar los umbrales que obligan a notificar operaciones de fusiones y adquisiciones ante la Autoridad Nacional de la Competencia. De concretarse, una menor cantidad de transacciones empresariales debería pasar por instancias de revisión previa.
Otra de las reformas en preparación es la actualización de la Ley General de Sociedades 19.550, vigente desde 1972. El Gobierno busca adecuar el régimen a nuevas estructuras empresariales. Entre los cambios bajo análisis figura la incorporación de sociedades de responsabilidad limitada unipersonales, una herramienta pensada para simplificar la creación o radicación de empresas sin exigir la participación formal de más de un socio.
También permanece en revisión el proyecto de juicio por jurados para la justicia federal, actualmente bajo estudio del Ministerio de Justicia. La iniciativa establece que los delitos con penas máximas superiores a cinco años puedan ser sometidos a este sistema. El esquema prevé jurados integrados por doce titulares y al menos dos suplentes, con representación equilibrada entre hombres y mujeres.
En ese marco, el jurado tendría a su cargo determinar la culpabilidad o inocencia del acusado en función de las pruebas expuestas durante el juicio, sin obligación de fundamentar el veredicto.
El paquete de desregulación aparece como el proyecto más extenso y menos definido. Incluye modificaciones en sectores como navegación y cabotaje, mercado inmobiliario, seguros y mercado de capitales, entre otros
La discusión de estas reformas se cruzará con otros expedientes que el oficialismo mantiene abiertos para los próximos meses, entre ellos iniciativas vinculadas a propiedad privada, el acuerdo con holdouts, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la reforma electoral, un tema que todavía enfrenta dificultades para reunir apoyos legislativos.
